Defender la vida no es limitar los derechos de las mujeres

abril 19, 2013

Hay que recordar que actualmente hay más de 55 mil abortos inseguros diarios en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, en lugares donde las necesidades sociales básicas no se cumplen y donde el acceso a la salud es muy limitado.
Cierto es que en el resto de países más avanzados económicamente el escenario es mejor: En España se ha avanzado en los últimos 30 años hasta situarse al nivel del resto de países europeos, pero esos avances no están garantizados sin el compromiso de quienes gobiernan, algo que en estos momentos no sucede.
La crisis económica que está sirviendo como pretexto para acabar con los derechos laborales de las personas trabajadoras, reducir servicios sanitarios o dificultar el acceso a la educación, también es la excusa para quienes, desde una pretendida moralidad pura e incuestionable, están eliminando todos los avances que han permitido una mayor libertad para las mujeres. Una libertad basada en años de lucha por conseguir la igualdad en derechos y oportunidades, y que se había ido plasmando poco a poco en las leyes y estructuras públicas (principalmente)

Todos esos avances están hoy en serio peligro en manos de un Gobierno que disminuye la inversión en políticas de igualdad, todo aquello que podría remover los roles que impiden a mujeres y hombres alcanzar su pleno desarrollo personal, laboral y social. Hablamos del mismo gobierno cuyo Ministro de Justicia declaraba que la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres, que hay una violencia estructural que impide a las mujeres ser madres, etc.


En definitiva, nos encontramos ante un Gobierno que trata de imponer un modelo regresivo en el que las mujeres sean las cuidadoras y madres como prioritaria obligación. Todo ello como defensa o complemento de la anunciada reforma de la Ley del aborto, un cambio con el único objetivo de reducir la libertad de las mujeres y penalizar sus decisiones, volviendo 30 años atrás.

Precisamente la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno socialista, no solo permitió una nueva regulación más eficaz y con más garantías que la anterior legislación de 1985 (se han reducido el numero de abortos) sino que también responde a la promoción de la salud sexual, algo ya ejercido especialmente durante las dos últimas legislaturas mediante campañas públicas, algunas de gran acogida como “Yo pongo condón” o el “Embarazo  cosa de 2”, lanzada por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Sanidad, y que contiene diferentes materiales e informaciones para prevenir los embarazos no deseados desde la responsabilidad compartida, especialmente entre la gente joven. Incluso los gobiernos más conservadores de la UE destacaron las bondades de esta ley.

Además, todos esos cambios legislativos no ha sido fruto de un capricho improvisado del Gobierno socialista, como suele argumentarse. La regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los derechos de las mujeres, además de responder a demandas históricas de los movimientos feministas, en España se convirtió en debate a principios del siglo XX (Mash 1988) y pese a la prohibición expresa durante los 40 años de franquismo (que conllevó miles de abortos clandestinos e inseguros y viajes al extranjero para practicarlos), se fundamenta en la práctica internacional. Buena muestra de ello es la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, que en 1995 situó en el marco de los derechos humanos de las mujeres “el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”. Una reivindicación clave que se fue incorporando en nuevas regulaciones atendiendo a ese compromiso por parte de los países.


Ante ese recorrido, hoy España puede retroceder décadas, con una reforma de la ley injusta e innecesaria que acabaría con todas las opciones que, desde la seguridad y el control médico, permitían a las mujeres decidir sobre el proceso de su embarazo. Y pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy muestre falsamente su reforma como una forma de dar mayor libertad de decidir a las mujeres, debemos recordar que hoy nadie se ve forzada a abortar.

¿Volverán las mujeres a tener que buscar clínicas clandestinas o realizar viajes al extranjero, todo ello en unas condiciones pésimas?


Curiosamente, esta iniciativa regresiva se ha vuelto a situar en la agenda después de una reunión del Presidente Rajoy con el Papa Francisco, cuyo contenido es reservado. Y también del toque de atención de los máximos responsables de la Iglesia Católica en España. Casualmente ninguno de estos “agentes de presión” son mujeres, y pese a que su opinión es igual de válida a la de cualquier ciudadano y ciudadana, no pueden pretender imponer a todo el mundo una moral restrictiva que incide directamente en los derechos de las mujeres.


Por otro lado, tenemos que observar que las pretensiones del Gobierno no son un mero capricho con consecuencias neutras: desde estos postulados se promueve un nuevo modelo de feminidad basado en la maternidad como principal e indiscutible meta social, y como única salida para el ejercicio de la sexualidad.


Y es que el Estado puede fomentar la natalidad, pero no a costa de la libertad y dignidad de las mujeres y de sus derechos, que también son Derechos Humanos. Precisamente tenemos alternativas reales y beneficiosas para las mujeres y hombres con las que sí podríamos fomentar la paternidad y la maternidad sin obligar ni criminalizar a nadie:

• Ofrececiendo el apoyo del Estado, y no solo económico. Si algo tiene que cambiar que lo haga toda la sociedad.
• Ampliar la tasa de nacimientos también es posible si no dejemos a nadie exento de asistencia social, ofreciendo servicios universales de salud, educación y cuidados a todos los tipos de familias. En cambio, en la actual situación de crisis económica, tener un hijo/a supone asumir una gran cantidad de gastos, incluídos algunos servicios básicos que deberían seguir siendo gratuitos.)
• No encasillando a nadie en ningún papel, respetando la diversidad de mujeres en su decisión de ser o no madres.
• Fomentando también una paternidad activa, luchadora y con facilidades sociales-laborales, la mejor manera de hacer efectiva la corresponsabilidad y acabar con la doble o triple jornada que las mujeres soportan (trabajo remunerado+trabajo doméstico+trabajo de cuidados)
• No dejando, de nuevo, los cuidados a menores y personas dependientes como un asunto puramente privado y propio de las mujeres.(Ver artículo sobre recortes en Dependencia)
• Promoviendo la educación en valores, mejorando la información para las relaciones afectivo-sexuales, sensibilizando en el respeto, tolerancia y una buena salud sexual y reproductiva.

Solo así haremos un buen servicio a las mujeres, hombres y el conjunto de la sociedad:. La despenalización del aborto debe ser una realidad en todo el mundo, una lucha a favor de la salud y libertad de las mujeres que no puede hacerse desde el inmovilismo y la imposición de una moralidad.

El machismo está en el terreno de juego, aunque lo haga de una forma sibilina. Por ello tenemos que actuar para no retroceder: no podemos permanecer pasivos ante esos ataques a la igualdad que pretenden disfrazar de solución.

Rubén Castro Torres