En este sentido, ha manifestado que “la mejor contribución que podemos hacer desde el Consejo de Europa, como organización internacional, para mejorar la situación de las mujeres en el medio rural y garantizar su pleno empoderamiento y autonomía, es procurar que la tradición no se imponga nunca sobre el derecho”.
En su intervención, Quintanilla ha señalado que la transición política y económica vivida desde los años 90 en gran parte de los 47 países que forman parte como miembros del Consejo de Europa hacía necesario llevar a cabo este informe, el primero que se ha realizado en torno a las mujeres rurales en la historia de este organismo europeo con el fin de conocer la situación real de las mujeres que viven en el medio rural en Europa y en el que se ha analizado la situación varios países pertenecientes a las distintas zonas europeas.
En el informe, según ha afirmado Carmen Quintanilla, queda patente que aunque existen diferencias entre los países del norte, centro, este y sur de Europa “demuestra que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres rurales siguen teniendo en común el hecho de sufrir desigualdades que atentan contra los derechos humanos como son el derecho a la educación y la formación, al empleo, a la propiedad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a que el trabajo sea reconocido económica y socialmente y, en definitiva, el derecho a participar en igualdad de condiciones en la sociedad”.
La presidenta nacional de AFAMMER y diputada nacional del Partido Popular ha recordado que en la actualidad, tan sólo un tercio de los países que participaron en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín, han puesto en marcha medidas para fomentar la igualdad de las mujeres en el medio rural.
LA IGUALDAD: ASIGNATURA PENDIENTE
“La igualdad de oportunidades para las mujeres del entorno rural, por tanto, sigue siendo la gran asignatura pendiente”, ha afirmado Carmen Quintanilla quien, en su informe, ha hecho una serie de propuestas y recomendaciones a los países miembros para acabar con las desigualdades a través de la puesta en marcha de medidas que potencien su acceso al empleo y a la formación, a la financiación necesaria para poner en marcha empresas emprendedoras que diversifiquen la actividad agraria y ganadera y sobre todo, el acceso a la propiedad y a la titularidad compartida.
En este punto, Quintanilla ha destacado que a pesar de que ya en los años 80 se dictó la Directiva Comunitaria 86/613/CEE, modificada posteriormente por la Directiva 2010/41, actualmente sólo tres países: Francia, Bélgica y recientemente España han elaborado normativas jurídicas específicas que regulen la Titularidad Compartida de las mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas, reconociéndoles los mismos derechos legales, jurídicos y sociales que a sus cónyuges.
Carmen Quintanilla ha señalado que con la aprobación de este informe y de su proyecto de resolución en el que se recoge una amplia batería de medidas a nivel económico, jurídico, social, así como de dotación de recursos en infraestructuras y servicios sanitarios, educativos y sociales para los pueblos en los que desarrollan su vida los alrededor de 142 millones de mujeres rurales que viven en los 47 países que forman parte del Consejo de Europa, “estamos dando un gran paso adelante para hacer más visibles a las mujeres, que son una fuerza fundamental y el principal motor de desarrollo del medio rural de Europa y del mundo”.
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