Organismos de Derechos Humanos aseguran que miles de mujeres fueron obligadas a ligarse las trompas durante los gobiernos de Fujimori
Jaime Cordero Lima 2 NOV 2011
Durante la segunda mitad de la década de los años noventa se realizaron en el Perú unas 300.000 esterilizaciones como parte de un programa gubernamental que recibió financiamiento de la cooperación internacional. El pasado 21 de octubre la Fiscalía de la nación reabrió la investigación sobre estos hechos, según informó hace unos días el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A diferencia de anteriores procesos que terminaron en el archivo, en esta ocasión el presunto crimen se tratará como un delito contra la humanidad. En concreto, la investigación actual se centra en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, una mujer campesina de 33 años, madre de 7 hijos, que en 1998 murió tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas en el distrito de la Encañada, una zona rural del departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país. Según testimonios recogidos posteriormente, funcionarios de salud estatales presionaron y llegaron a amenazar con multas y prisión a la familia de la mujer para que se sometiera a la esterilización. La denuncia fue inicialmente desestimada por los tribunales peruanos y llegó a la CIDH. El Estado finalmente llegó a un arreglo para indemnizar a los familiares y procesar a los responsables. La denuncia original fue desestimada por los tribunales peruanos y el Estado llegó a un pacto ante la Corte de Derechos Humanos.Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Perú aseguran que hay miles de casos como el de María Mamérita Mestanza y se han dedicado a buscar nuevas evidencias de que se trató de una política gubernamental y no de delitos aislados. De acuerdo con el Movimiento Amplio de Mujeres, solamente en la provincia de Anta, en la región de Cuzco, se habrían realizado unas 2.000 esterilizaciones forzadas, incluso con participación de militares y policías. En varias regiones se ofrecía alimentos a cambio de someterse a las esterilizaciones.
El fujimorismo niega los hechos y asegura que las denuncias de coacción fueron apenas 200 o 300. “Definitivamente esto es una situación política, una cortina de humo para tapar gravísimos casos de corrupción que se han presentado en este gobierno”, señala Alejandro Aguinaga, parlamentario fujimorista, que fue ministro de salud en la época en que el programa se puso en práctica. “Hubo fallas, pero se hicieron los correctivos necesarios. No fue un programa de esterilizaciones forzadas”, afirma Alejandro Aguinaga, quien asegura que el tema ya fue investigado durante 10 años, sin que se encontrara responsabilidad en altos funcionarios del gobierno. También afirma que en 2002 la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el tema y concluyó que no había evidencias para afirmar que el ex presidente Fujimori y sus ministros tuvieran responsabilidad penal.
A diferencia de anteriores procesos que terminaron en el archivo, en esta ocasión el presunto crimen se tratará como un delito contra la humanidad. En concreto, la investigación actual se centra en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, una mujer campesina de 33 años, madre de 7 hijos, que en 1998 murió tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas en el distrito de la Encañada, una zona rural del departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país. Según testimonios recogidos posteriormente, funcionarios de salud estatales presionaron y llegaron a amenazar con multas y prisión a la familia de la mujer para que se sometiera a la esterilización. La denuncia fue inicialmente desestimada por los tribunales peruanos y llegó a la CIDH. El Estado finalmente llegó a un arreglo para indemnizar a los familiares y procesar a los responsables. La denuncia original fue desestimada por los tribunales peruanos y el Estado llegó a un pacto ante la Corte de Derechos Humanos.
El fujimorismo niega los hechos y asegura que las denuncias de coacción fueron apenas 200 o 300. “Definitivamente esto es una situación política, una cortina de humo para tapar gravísimos casos de corrupción que se han presentado en este gobierno”, señala Alejandro Aguinaga, parlamentario fujimorista, que fue ministro de salud en la época en que el programa se puso en práctica. “Hubo fallas, pero se hicieron los correctivos necesarios. No fue un programa de esterilizaciones forzadas”, afirma Alejandro Aguinaga, quien asegura que el tema ya fue investigado durante 10 años, sin que se encontrara responsabilidad en altos funcionarios del gobierno. También afirma que en 2002 la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el tema y concluyó que no había evidencias para afirmar que el ex presidente Fujimori y sus ministros tuvieran responsabilidad penal.
Qué fuerte!! Que ocurran estas cosas y que además sea por parte de un gobierno!!
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